La Sala de la Cámara aprobó en general, con 128 votos a favor y una abstención, el proyecto que modifica la Ley 20.000. Esta iniciativa, respaldada por la bancada del PPD e independientes, tiene como objetivo asegurar la procedencia lícita de los honorarios de los abogados que representan a imputados por delitos de drogas.
Los profesionales involucrados deberán recibir sus honorarios mediante cheques, vale vista, tarjetas de pago, transferencias electrónicas u otros sistemas, excluyendo el dinero en efectivo.
La medida, promovida por parlamentarios como Jaime Araya, Carlos Bianchi, Marta González, Carolina Marzán, Helia Molina, Camila Musante, Raúl Soto, Cristián Tapia y Héctor Ulloa, pretende cerrar una posible vía de blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico.
Sanciones y obligaciones
Una vez que la defensa concluye, es renunciada o abandonada, el abogado deberá presentar en el tribunal correspondiente la acreditación del pago recibido por sus servicios. Esto será obligatorio tanto si los honorarios se percibieron a título personal como a través de una sociedad o empresa. El incumplimiento de esta norma acarreará la suspensión del ejercicio profesional por un período de seis meses a un año.
Cabe destacar que esta normativa no afectará a los abogados de la Defensoría Penal Pública. Además, la ley se aplicará a abogados que representen a imputados por delitos funcionales contemplados en el Código Penal, crímenes cometidos por asociaciones delictivas y terroristas.
Ampliación de la Unidad de Análisis Financiero
El proyecto también propone modificaciones a la ley que rige la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ampliando sus competencias en casos de lavado y blanqueo de activos relacionados con el narcotráfico.
Durante el debate, los diputados subrayaron la importancia de esta iniciativa para fortalecer las herramientas de control del narcotráfico y el lavado de dinero. Señalaron que es común ver en los medios a abogados con maletines llenos de dinero de dudosa procedencia, lo que genera sospechas en la comunidad sobre la penetración del poder económico del narcotráfico en diversas áreas.
Los parlamentarios llamaron a que la UAF tenga mayores atribuciones para rastrear el flujo de dinero en estos casos, con el fin de debilitar las redes criminales que se han fortalecido en el último tiempo.
