El 24 de diciembre, la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda envió una minuta a parlamentarios y dirigentes oficialistas, dirigida a consolidar el mensaje del Gobierno respecto a la reforma de pensiones.
Este documento que dio a conocer Ex – Ante busca resaltar los avances en las negociaciones de la reforma y abordar los cuestionamientos de la oposición, específicamente de la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien ha marcado distancia en varios puntos del proyecto.
En el texto, se señala que “después de 25 meses de tramitación, la candidata Matthei sigue sin mostrar una postura clara”, y se cuestiona su decisión de excusarse diciendo que necesita estudiar un proyecto que lleva años en discusión. En este contexto, se hace un llamado a que la exalcaldesa aclare sus inquietudes para poder avanzar en el debate.
Este emplazamiento de La Moneda coincide con las críticas realizadas por la ministra Jeannette Jara, quien también criticó las declaraciones de Matthei, destacando la importancia de que todos los liderazgos que deseen contribuir a mejorar las pensiones se sumen a la discusión.
Los reparos de Matthei
En sus declaraciones, Matthei había expresado su preocupación por los posibles efectos negativos de la reforma, incluyendo un posible déficit fiscal grave, la posibilidad de que la licitación de carteras de afiliados genere una situación expropiatoria, y el temor de que el préstamo se convierta en un mecanismo de reparto.
Por su parte, la minuta de La Moneda también aborda los cuestionamientos a las AFP, subrayando “la necesidad de avanzar con una reforma que compense las inequidades de género y aborde las expectativas de vida más altas de las mujeres”.
A pesar de las críticas, el proyecto sigue en pie, y el Gobierno se mantiene firme en su intención de reformar el sistema, a pesar de la presión de las AFP y las voces críticas dentro de la coalición de izquierda.
La estrategia de comunicación frente al proyecto Dominga
La publicación de Ex-Ante, indica que la minuta toca el tema del proyecto minero-portuario Dominga, destacando “la legalidad de las decisiones del Comité de Ministros que rechazaron el proyecto en enero de 2023”. El Gobierno resalta que la resolución estuvo “fundada y apegada a la institucionalidad”, a pesar de las críticas y la anulación del fallo por parte del Primer Tribunal Ambiental.
