El Gobierno impulsará una reforma que inhabilitará la postulación de candidatos al Parlamento, para todas aquellas personas que tengan deuda vigente por pensión de alimentos.
La medida -anunciada por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, junto al ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde- espera ser aplicada en las elecciones parlamentarias del próximo año.
Actualmente, la prohibición rige solo para las elecciones de gobernadores/as, CORES, alcaldes/as y concejales/as, no así para las candidaturas a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado.
“Tal como nos comprometimos durante la tramitación de nuestra Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, hemos definido, junto al ministro Elizalde, patrocinar el proyecto que homologa esta condición hacia los parlamentarios, porque actualmente, a las elecciones parlamentarias se pueden inscribir candidatos con deuda vigente en el Registro, pero no así para alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobiernos regionales, lo cual evidentemente no se entiende”, señaló la ministra Orellana.
Postulaciones rechazadas por deuda de pensión de alimentos.
Cabe recordar que el pasado 10 de agosto, el Servicio Electoral publicó las resoluciones de aceptación y rechazo de candidaturas para las elecciones regionales y municipales del próximo 26 y 27 de octubre. En este contexto, el organismo informó que 196 postulaciones fueron rechazadas por deuda vigente de pensiones alimenticias.
Además, desde mayo de 2023, la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones Alimenticias abrió la posibilidad de que los deudores de pensiones de alimentos que se encuentran en el registro nacional puedan salir de este, pagando la deuda o llegando a acuerdo de pago.
El Servicio Electoral es una de las 2.300 instituciones enroladas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, un sistema electrónico administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificaciones, habilitado para personas e instituciones públicas y privadas que tienen la facultad o la obligación legal de consultarlo.
