El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos envió un oficio al Ministerio de Vivienda y Urbanismo solicitando que se aplique la Ley Nº 21.636, de modo de proceder a la ampliación del penal Santiago I, ubicado en la avenida Pedro Montt, en el centro capitalino.
El documento -firmado por el ministro Luis Cordero- advierte que este es un proyecto estratégico, por lo que próximamente se ingresará a trámite una iniciativa legislativa que permita que la obra esté exenta de determinados trámites, de modo de agilizar la construcción penitenciaria.
¿QUÉ DICE LA NORMA SOBRE CÁRCELES?
El Artículo 1 de la Ley Nº 21.636 establece que, en los casos en que se estime imprescindible para el resguardo de la seguridad nacional y la efectiva protección de la sociedad contra el delito, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos propondrá al MINVU las modificaciones a los planes reguladores intercomunales, comunales o planes seccionales para permitir la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios existentes, como asimismo la construcción de recintos penitenciarios nuevos.
ELECCIÓN DEL LUGAR
Luis Cordero afirmó que se eligió ese lugar por ser una zona «que se ha ido consolidando como un barrio judicial y un barrio penitenciario«. En efecto, el Ministerio afirma que es un terreno con condiciones inmediatas de acceso a luz y agua, un sistema de inhibición de telefonía en funcionamiento y la cercanía con los tribunales para evitar traslados que pueden arriesgar fuga.
LAS VOCES QUE SE OPONEN A LA CONSTRUCCIÓN
La Alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), ha manifestado su oposición al proyecto: «Ante la posibilidad de una nueva cárcel en Santiago, como alcaldesa y vecina me opongo rotundamente«. Indicó que su labor «es velar por la seguridad, desarrollo urbano y calidad de vida de los vecinos y vecinas». A ella se sumaron este lunes, los miembros de la «Coordinadora Comités de Vivienda Santiago Centro», quienes exigen el levantamiento de viviendas sociales en el terreno.
