Este miércoles comenzó la discusión en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que busca crear centros de internación para extranjeros con orden de expulsión, limitando su permanencia a 60 días. La propuesta, impulsada por un grupo de diputados del Partido por la Democracia (PPD), busca enfrentar el aumento de órdenes de expulsión pendientes, pero ha generado un amplio debate sobre su viabilidad y financiamiento.
La diputada Camila Musante, promotora del proyecto, aseguró que la iniciativa no implicará un gasto público adicional, argumentando que busca reorganizar recursos existentes para implementar los centros. Sin embargo, legisladores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y otros sectores de la oposición cuestionaron la falta de un plan financiero detallado, calificándolo como un proyecto con “vacíos económicos”.
El Ejecutivo, por su parte, se desmarcó de la propuesta. Fuentes del Gobierno señalaron que, basándose en experiencias internacionales, la creación de estos centros presenta limitaciones operativas y no garantiza resultados efectivos. En la misma línea, el Servicio Nacional de Migraciones advirtió sobre complejidades logísticas y de seguridad, instando a explorar soluciones alternativas a corto plazo.
A pesar de las críticas, Musante defendió la necesidad de avanzar en medidas concretas para gestionar la migración irregular y cumplir con las órdenes judiciales de expulsión. “Es una respuesta a un problema urgente, con foco en la seguridad y el respeto a los derechos humanos”, afirmó.
El debate continuará en las próximas semanas, mientras distintos actores analizan los aspectos legales, operativos y presupuestarios del proyecto, que podría convertirse en un tema clave en la agenda migratoria del país.
