LOS ANTECEDENTES DESDE LA CONTRALORÍA
Incumplimiento de los convenios, así como que la falta de permisos oficiales del laboratorio para fabricar un fármaco, fueron algunas de las irregularidades que detectó la Contraloría General de la República (CGR) al analizar los acuerdos suscritos entre la Fundación Daya y 13 municipios del país para implementar el “Programa de uso compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico”. Esto, a raíz de un reportaje exhibido en el canal de televisión Mega.
La Contraloría dio a conocer el informe final N°247, de 2024, en el que auditó dichos convenios que se suscribieron entre enero de 2015 y diciembre de 2023 con las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla. Esto, para implementar el programa por un total de $423.426.000, de los cuales se entregaron $359.025.625 a la Fundación.Uno de los hallazgos de la auditoría de la Contraloría reveló que, si bien los convenios y las transferencias de recursos a la Fundación se materializaron entre junio de 2015 y diciembre de 2016, no se tuvo la certeza de que el laboratorio encargado de la elaboración del fitofármaco contara con la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP), la que se obtuvo en 2018 para la elaboración provisional de 7.200 dosis.
También se constató que 9 de las 13 municipalidades no recibieron el fitofármaco acordado y 2 obtuvieron solo una parte de las dosis. No obstante, algunos de los municipios afectados no dieron cuenta de haber exigido el cumplimiento íntegro de los convenios o, en su defecto, la restitución de los recursos transferidos a la Fundación Daya, ante el incumplimiento del objetivo, como tampoco que hayan ejecutado acciones judiciales al respecto.
La Contraloría comprobó, además, incumplimientos por parte de algunos gobiernos locales respecto de las rendiciones de cuentas. A ello, se suma la inexistencia y/o duplicidad de rendiciones en el caso de Puerto Natales, Tocopilla, Parral y Graneros; aceptación de rendiciones de gastos por un monto superior al transferido por las municipalidades de Calama, Copiapó, Peñalolén, Quinta Normal y Graneros; y falta de revisión de las rendiciones o de antecedentes que den cuenta de dicha gestión en los municipios de Calera de Tango, Calama, Copiapó, Graneros y Parral.
El Instituto de Salud Pública no otorgó nuevas autorizaciones para la fabricación del fitofármaco ni le concedió el registro sanitario.
A raíz de estos hallazgos, la Contraloría General -dirigida por la Contralora (S) Dorothy Pérez- iniciará un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos descritos. Además, los resultados de la investigación serán puestos en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado.
LA RESPUESTA DE LA FUNDACIÓN DAYA
Frente a los resultados del organismo fiscalizador, la Fundación responde en una declaración pública que, «el informe final de la Contraloría publicado hoy nos da la razón en lo que venimos afirmando y aclarando». Indican que la investigación reprocha a los municipios por no hacer todo lo que pudieran para cumplir los convenios.
Puntualizan que hubo municipalidades que colaboraron con el cumplimiento del proyecto: «es el caso de Chillán, Quilicura, Graneros y Antofagasta. Los dos últimos no alcanzaron a distribuir todos los productos, pero eso era gestión interna del municipio, y el canal para recibirlos fue materializado«.
La Fundación también se defiende indicando que la Contraloría objeta que los municipios hayan realizado las transferencias de fondos a Daya con anterioridad a la obtención del permiso para fabricar el fitofármaco «sin perjuicio de que el permiso se consiguió«.
La declaración pública concluye que «el reproche de la Contraloría se dirige a los Municipios, por cuanto estos permanecieron en la inacción, dejando que la materialización de sus aportes terminara siendo destruida por no llevar adelante las acciones pertinentes para recibir los tratamientos que Daya ofreció«.
«Estos tratamientos, si bien no se trató de una venta de productos, sino un desarrollo conjunto, le significaba al municipio un costo de 14 mil pesos por producto vs. más de 70 mil pesos al valor de mercado, lo que claramente era un beneficio importante y un buen uso de fondos públicos«, declaran desde Daya.
