En un punto de prensa desde la Cámara de Diputados, la Bancada del Partido Republicano informó que ingresaron una solicitud para que se inicie una comisión especial investigadora por la fallida compra por parte del Estado de la casa del ex Presidente Allende.
También señalaron que ingresarán al Tribunal Constitucional un requerimiento para que el organismo resuelva si hubo, o no, inconstitucionalidad en el contrato que se habría suscrito entre la familia Allende y el Estado. Buscan que la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende «sean cesadas de sus cargos«.
Los documentos donde consta la firma en una escritura pública de compraventa fueron publicados por La Tercera y, en dichos papeles, aparece el abogado Felipe Vio Lyon representando a Carmen Allende Bussi, Isabel Allende Bussi, Maya Fernández Allende y Alejandro Fernández Allende, como dueños de derechos respecto del inmueble ubicado en Guardia Vieja. Mientras que la abogada Carol Castro suscribe en representación de Bienes Nacionales.
Según el diputado y jefe de bancada, Luis Felipe Sánchez, «se ha destapado el escándalo y en buena hora, porque ya sabemos que no fue solamente las conversaciones para que tuviera lugar esta compraventa, sino que el contrato se firmó y eso es especialmente importante«.
Para el diputado Cristián Araya, la Ministra de Defensa y la Senadora se encontrarían «en una situación de usurpación en el ejercicio de su cargo y haremos valer en el Tribunal Constitucional nuestra posición exigiendo que sean removidas de forma inmediata«.
