La Comunidad Atacameña de Socaire (CAS) ha manifestado públicamente su descontento ante la implementación de la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) por parte del Gobierno, señalando una aparente incompatibilidad con los derechos territoriales reconocidos en la Ley Indígena. Este conflicto pone en tensión la protección ambiental y los derechos de las comunidades indígenas que habitan históricamente en los territorios afectados.
El Ministerio del Medio Ambiente, liderado por la ministra Maisa Rojas, ha intensificado sus esfuerzos para definir las áreas protegidas dentro de la Red de Salas Protegidas (RSP) en el Salar de Atacama.
Esta propuesta busca establecer una red de salares protegidos, varios de los cuales se encuentran en terrenos que la comunidad atacameña considera de su propiedad ancestral.
A pesar de que las autoridades han destacado la importancia de integrar la voz y los conocimientos indígenas en la gestión de estas áreas, la CAS sostiene que el diálogo no ha sido efectivo y que, hasta la fecha, no se ha demostrado una verdadera voluntad política para cumplir con las obligaciones legales hacia la comunidad.
El conflicto entre la Ley SBAP y la Ley Indígena
Según la presidenta de la Comunidad Atacameña de Socaire, Sandra Cruz, existe una contradicción fundamental entre la forma en que “el Gobierno está implementando la RSP y las disposiciones de la Ley Indígena”.
Esta última establece el deber del Estado de sanear y restituir los títulos de tierras indígenas. Sin embargo, con la implementación de la RSP, el Ministerio del Medio Ambiente ha definido las áreas protegidas como bienes fiscales, dejando a las comunidades en un estado de incertidumbre sobre sus derechos territoriales.
“El territorio demandado ancestralmente por nuestra comunidad ha tenido reconocimientos oficiales desde los años 90. En 1998 y, más recientemente, en 2023, estos reconocimientos fueron actualizados. Ahora corresponde que se proceda con el saneamiento y restitución de los territorios para que posteriormente puedan ser declarados áreas protegidas, cumpliendo tanto con la obligación legal como con los objetivos de conservación ambiental”, explicó Cruz.
A pesar de estas demandas, Cruz asegura que el Gobierno ha optado por autorizar únicamente concesiones temporales de uso sobre las tierras en cuestión. Peor aún, con la implementación de la RSP, se exige a la comunidad que renuncie a sus derechos territoriales ancestrales como condición para avanzar en el proceso.
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Impacto en territorios significativos
Los territorios en disputa incluyen zonas clave como el Salar de Capur, el Salar de Aguas Calientes 3, el Salar de Talar, la Laguna Tuyajto, el Salar El Laco y una porción del Salar de Atacama.
Estas áreas no solo tienen un valor ambiental, sino también cultural y económico, ya que son fundamentales para las prácticas tradicionales y el turismo sostenible de la comunidad.
“Nosotros valoramos el concepto de la protección ambiental y hemos mostrado disposición para colaborar con las autoridades en la gestión de estas áreas. Sin embargo, necesitamos un compromiso claro del Gobierno para avanzar de manera efectiva y expedita en el saneamiento de los títulos territoriales ancestrales, especialmente en sectores como Aguas Calientes 3 y El Laco, que son de alta relevancia para nuestra comunidad”, enfatizó Cruz.
Propuestas y próximos pasos
A pesar de las dificultades, la comunidad está trabajando activamente en una propuesta que incluye criterios y lineamientos específicos para colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente en la elaboración de los Informes Técnicos Justificatorios. Estos informes son esenciales para definir las áreas protegidas dentro de la RSP.
“Esperamos que nuestras propuestas sean recibidas con apertura y seriedad por las autoridades. Queremos un diálogo constructivo que permita acordar compromisos que respeten nuestros derechos y, al mismo tiempo, garanticen la conservación de estos ecosistemas únicos”, afirmó Cruz.
